Tras un mes después de la captura de Nicolás Maduro a comienzos de enero, un hecho que generó celebraciones masivas entre venezolanos dentro y fuera del país, así como inquietud entre los gobiernos del continente, persisten las dudas sobre lo que este nuevo giro en la prolongada crisis política venezolana implicará para los casi 8 millones de venezolanos que hoy viven en el extranjero. ¿Podrían estos acontecimientos impulsar retornos significativos de migrantes y refugiados venezolanos? ¿O continuará la migración venezolana en el futuro previsible, manteniéndose como una característica definitoria de la movilidad en la región, como lo ha sido durante la última década?

Por ahora, la respuesta sigue siendo incierta. La situación interna en Venezuela continúa siendo volátil, y la dirección del cambio—ya sea hacia una mayor inestabilidad, un prolongado estancamiento o una transición negociada—aún no está clara. En consecuencia, la mayoría de los venezolanos fuera del país aún no está en condiciones de tomar una decisión definitiva sobre el retorno. En lugar de ello, la mayoría se mantiene a la espera, observando atentamente las señales políticas, las condiciones económicas y la evolución de la seguridad antes de reevaluar sus opciones.

Aun así, la magnitud del desafío no puede subestimarse. El éxodo venezolano constituye la mayor crisis de desplazamiento en la historia del hemisferio occidental. De los cerca de 8 millones de venezolanos que residen fuera del país, casi 3 millones viven en Colombia, el principal país de acogida, seguido de Perú, con alrededor de 1,5 millones. También hay poblaciones importantes en Brasil y Chile (aproximadamente medio millón de venezolanos cada uno), así como en Ecuador (alrededor de 450.000). Estados Unidos (EE. UU.), donde viven casi un millón de venezolanos, una población que se ha más que duplicado desde 2019, se ha convertido en uno de los principales destinos, al igual que España que acoge a unos 600 000 venezolanos. Aún así, la inmensa mayoría de la diáspora venezolana continúa concentrándose en Sudamérica.

El gran énfasis del Gobierno estadounidense en el control migratorio y las deportaciones—que afecta tanto a venezolanos como a otras nacionalidades—introduce una variable adicional de incertidumbre. Existe una tensión evidente entre los esfuerzos orientados a estabilizar Venezuela y aquellas políticas que podrían acelerar los retornos en el corto plazo. Con más del 91 % de la población venezolana viviendo por debajo del umbral de la pobreza, un acceso muy limitado a vivienda, educación, atención médica y empleo formal, y  persistentes denuncias de represión política, resulta poco probable que un retorno masivo sea sostenible. En la práctica, los retornos forzosos o prematuros corren el riesgo de profundizar la fragilidad interna de Venezuela—sobrecargando instituciones ya debilitadas y exacerbando el estrés socioeconómico—y, al mismo tiempo, de alimentar la movilidad irregular en la región, en lugar de reducirla.

Estas tensiones no se limitan a la política estadounidense. En América del Sur, las conversaciones entre el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y los líderes de Perú y Ecuador han incluido propuestas orientadas a facilitar el retorno de la población venezolana a su país de origen. Aunque se presentan como corredores humanitarios ordenados, estas iniciativas podrían generar nuevas fuentes de inestabilidad si se implementan antes de que las condiciones en Venezuela mejoren de manera sustantiva. Para muchos venezolanos—especialmente aquellos que llevan casi una década en el extranjero y han establecido vínculos sociales y económicos profundos—el retorno no es ni inmediato ni inevitable. En conjunto, estas dinámicas subrayan por qué una gobernanza migratoria integral, que vaya más allá de un enfoque centrado exclusivamente en retornos, es fundamental para la estabilidad del hemisferio.

Por qué sigue siendo improbable un retorno a gran escala

En prácticamente todos los escenarios políticos plausibles para Venezuela, un retorno masivo en el corto plazo resulta poco probable. Una fractura dentro de la coalición gobernante podría dar lugar a una nueva fase de inestabilidad, desplazamiento interno y salidas adicionales hacia el exterior. La continuidad del statu quo, sin una transición democrática, probablemente perpetuaría las condiciones de fragilidad económica y debilidad de los servicios públicos, que provocaron el éxodo en primer lugar, ofreciendo pocos incentivos para el retorno. Incluso en un escenario más favorable, marcado por una transición democrática negociada, el regreso de los venezolanos sería, casi con certeza, gradual, selectivo y condicionado a mejoras tangibles en empleo, vivienda y servicios, más que al cambio político por sí solo.

Estos escenarios ayudan a explicar la cautela predominante entre los venezolanos en el exterior. Algunos podrían explorar el retorno si emergen señales claras de mejora económica, a menudo mediante visitas breves para evaluar las condiciones sobre el terreno. Otros probablemente esperarán a que se consolide una transición democrática antes de considerar seriamente el regreso. Y un grupo creciente, tras años en el extranjero, ha echado raíces profundas en sus países de acogida: las familias se han ampliado, los hijos han nacido y crecido fuera de Venezuela, y los migrantes han invertido en empleo, educación y redes sociales. Para este grupo cada vez más numeroso, incluso si las condiciones mejoran, el retorno puede ser una posibilidad lejana y, de producirse, podría adoptar formas parciales o circulares, con personas que se desplazan entre dos países.

Reconocer esta diversidad de intenciones es fundamental. Los migrantes no reaccionan de forma pasiva a las señales políticas; toman decisiones activas, sopesando riesgos, oportunidades, consideraciones familiares y las opciones de estatus legal (regular) a la hora de decidir si se quedan, siguen adelante o se regresan. Las políticas que parten del supuesto de un retorno rápido y masivo subestiman esta complejidad en la toma de decisiones y corren el riesgo de aumentar la migración irregular si la realidad en Venezuela no cumple con las expectativas generadas.

Tres prioridades políticas para la estabilización

Mantener los esfuerzos de regularización e integración. A medida que evolucionan las condiciones dentro de Venezuela, los países de América Latina y el Caribe, junto con Estados Unidos (EE. UU.), deberían preservar y adaptar los mecanismos de regularización temporal y protección humanitaria, en lugar de desmantelarlos abruptamente. Por ejemplo, aunque el gobierno de Estados Unidos canceló el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos en 2025, la decisión ha sido objeto de impugnaciones legales, y existen argumentos sólidos a favor de su restablecimiento con el fin de evitar retornos a gran escala que socaven los esfuerzos paralelos de estabilización de Venezuela. En América del Sur, esto implica preservar las políticas de regularización que han demostrado ser eficaces para facilitar la inserción laboral y el acceso a los servicios básicos, evitando caídas repentinas en la irregularidad y desplazamientos secundarios. La evidencia muestra que la mayoría de los venezolanos regularizados se han integrado con éxito en las comunidades de acogida, contribuyendo a sus economías locales, por lo que reforzar estas políticas beneficia tanto a los migrantes como a los países en los que se han establecido.

Colombia ofrece un ejemplo ilustrativo de cómo estas herramientas políticas, combinadas con cooperación internacional, podrían construir una opción alternativa a mediano plazo para los venezolanos actualmente en Estados Unidos (EE. UU.). El Gobierno colombiano expidió cerca de 330 000 permisos de regularización que nunca fueron entregados físicamente, en la mayoría de los casos porque los venezolanos se habían trasladado a otros países, incluidos los que posteriormente llegaron a Estados Unidos (EE. UU.). Los que se marcharon quedaron, por lo general, excluidos de la regularización en Colombia. Utilizando mecanismos de cooperación, las autoridades colombianas y estadounidenses podrían identificar a estas personas y facilitar la reanudación de su proceso de regularización en Colombia, ofreciendo estabilidad temporal en un país más cercano a su lugar de origen, aliviando la presión sobre el control migratorio de Estados Unidos (EE. UU.) y evitando el retorno forzoso a Venezuela en condiciones inseguras. En principio, enfoques similares podrían explorarse en otros lugares de la región.

Coordinar a través del diálogo regional. La estabilización no puede lograrse mediante enfoques unilaterales o bilaterales fragmentados que obliguen a los gobiernos a reaccionar ante las decisiones de otros en un contexto de incertidumbre y presión política. Un diálogo regional que involucre a los países latinoamericanos y a Estados Unidos (EE. UU.) ofrece una vía más sostenible hacia el futuro. Plataformas como el Proceso de Quito, la Conferencia Sudamericana sobre Migración, el Proceso de la Declaración de Cartagena+40 y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños permiten establecer objetivos compartidos, definir métricas comunes y secuenciar respuestas de política de manera que se reduzca la volatilidad. Si se utilizan de manera eficaz, estos foros pueden favorecer una coordinación basada en consensos, asegurando que la gobernanza migratoria contribuya a la estabilidad regional en lugar de trasladar las presiones de un país a otro. El desafío no es elegir entre la integración local de los venezolanos o su retorno, sino secuenciar las políticas de manera que la movilidad esté adecuadamente gobernada a medida que las condiciones evolucionan.

Garantizar una financiación predecible para los objetivos comunes de estabilidad. Muchas de las iniciativas de regularización, integración y apoyo a gobiernos locales que contribuyeron a estabilizar la migración en América del Sur durante la última década fueron financiadas en gran medida por Estados Unidos (EE. UU.). Durante la primera administración Trump, recursos significativos—canalizados a través de la ayuda bilateral, fondos concesionales de la banca multilateral y cooperación internacional—permitieron a los países de acogida responder al desplazamiento venezolano, avanzar en procesos de regularización y ampliar el acceso a servicios y mercados laborales. Este apoyo fue un factor clave para que la mayoría de los venezolanos permaneciera en Sudamérica, aunque algunos continuaran migrando.

La reciente reducción de la ayuda exterior estadounidense y del apoyo a la cooperación internacional ha alterado muchos de estos esfuerzos de estabilización. Al mismo tiempo, la región se encuentra hoy mejor posicionada para absorber nuevas inversiones provenientes de diversas fuentes. Existen estructuras de cooperación internacional, los bancos multilaterales de desarrollo están dispuestos a ampliar su financiamiento, el sector privado muestra un mayor compromiso y las organizaciones de la sociedad civil han fortalecido su capacidad operativa. Lo que se requiere es una nueva alineación entre los objetivos políticos de los socios internacionales (ya sean Estados Unidos (EE. UU.) u otros) y los esfuerzos de estabilización regional, de modo que la financiación de la gestión migratoria funcione como una inversión proactiva y no como una respuesta reactiva a la crisis, de forma muy similar a un sistema de seguros que invierte por adelantado en la mitigación de riesgos para evitar costos mucho más elevados una vez que se han producido los daños.

Mirando hacia el futuro

La captura de Maduro, lejos de despejar las incertidumbres sobre el futuro político de Venezuela, ha abierto nuevas interrogantes. Aunque algunos venezolanos podrían considerar el retorno con el paso del tiempo, todavía no es previsible un retorno a gran escala a corto plazo y muchos continuarán construyendo sus vidas fuera del país. El reto para los gobiernos no es esperar a que la situación se aclare, sino gestionar la movilidad de manera que se absorba la incertidumbre, reconociendo que la integración, la circularidad y el retorno diferido probablemente definirán la migración venezolana en los próximos años. En este contexto, la política migratoria no es un asunto periférico, sino un componente central para la estabilidad del hemisferio.